- Categoría: Holguín
- Escrito por Roberto Ortiz del Toro
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Más que topar los precios hay que topar con los violadores
Para nadie es un secreto que por decisión del Consejo de la Administración Provincial (CAP), en Holguín existe un listado de precios topados para la venta de productos agropecuarios, como también lo es que esos precios se violan constantemente.
Considero que aunque existen medidas de control para hacer cumplir lo establecido, estas son bastante insuficientes, lo cual es fácil de apreciar con solo visitar las ferias agropecuarias, y ni que decir si se trata de comprar a los cuentapropistas denominados “carretilleros”.
¿Hasta cuando se permitirá que se siga vendiendo el tomate de ensalada a 30 o 20 pesos la libra, el pimiento a 25 y el aguacate, que ha subido de precio y se cotiza a 10 pesos por unidad, mientras que la libra de limón anda por los 15 pesos?
Los “mini-mazos” de cebollín, porque así hay que llamarlos, cuestan a cinco pesos, violando la unidad de medida, que debiera
ser por libra; el boniato a cinco pesos, y la carne de cerdo por encima del nivel establecido para su venta, y no que hablar de las frutas, como la frutabomba, la naranja y la uva, por solo mencionar tres ejemplos.
Lo lamentable es que eso suceda a la vista de todos y aparentemente no pasa nada en función de proteger al consumidor, o más bien la víctima, diría yo, que antes se nombraba cliente o usuario, y que es quien paga las consecuencias.
Es sabido que existen autoridades, como son los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) y los agentes del orden público, que se ocupan del enfrentamiento a esa problemática, la cual parece no encontrar la solución que se necesita, a pesar de que se aplican medidas coercitivas.
Conozco que se acciona mediante operativos, que se aplican multas, llamados de atención, e incluso se han decomisado mercancías que pretenden comercializarse ilegalmente, pero a todas luces esas medidas deben ser más radicales para que se cumpla lo que el pueblo reclama con todo su derecho.
Hay que elevar la protección al consumidor; exigir que se cumpla con la política de precios topados; en fín, poner freno al desenfreno presente en la comercialización de los productos alimenticios que tanto necesita la población.
