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Ponerle freno a la ilegalidad

El pasado 16 de mayo nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez pronunció un discurso certero y preciso. A los incrédulos demostró que el gobierno sí conoce de las necesidades del pueblo, de sus realidades e inquietudes.

Una vez más puso sobre la mesa que no está ajeno a las dificultades que enfrenta el cubano, ni a los estados de opinión gestados por difícil situación que vive el país y fomentada negativamente en las redes sociales y otros espacios por posturas antisocialistas y oportunistas que financia y promueve el entramado mediático del Imperio.
 
Este conocimiento es el origen de una propuesta de estrategia que asume el país para enfrentar las consecuencias de la Covid-19, la crisis mundial y la persecución financiera que ejerce Estados Unidos sobre la Isla.
Medidas informadas en esa misma sesión del Consejo de Ministros para la recuperación del sistema económico y social, encaminadas a dotar de una mejor calidad de vida a la población.

Pequeños pasos impulsan grandes acciones y por eso hay que  empezar por atacar los flagelos que empañan los esfuerzos del gobierno. Un par de semanas después ya se aprecian los primeros movimientos orientados a potenciar esta estrategia.

El enfrentamiento a indisciplinas e ilegalidades es una de las prioridades. Díaz-Canel llamo en su discurso a frenar los “coleros” de manera más decisiva e intensiva, a los revendedores, los casos de corrupción y el mercado ilícito de divisas; todo esto con la fuerza de la Revolución y la participación del pueblo.

Para ello se han constituido en cada uno de los municipios destacamentos que operarán en los establecimientos comerciales con el fin de evitar estas acciones, organizar las colas, eliminar las listas y la reventa de turnos para la compra. Ellos están integrados por cuadros, funcionarios, miembros de la PNR, las FAR, y de las organizaciones de masas.

Pero en pos de eliminar la actividad económica ilícita y la ilegalidad se debe perfeccionar también el trabajo de los órganos de control e inspectores, mirar hacia las unidades comerciales y evitar la corrupción dentro de las entidades.

Cercano a este elemento, la apertura de las tiendas en moneda libremente convertible ha generado opiniones a favor y en contra de la medida, e insatisfacciones sobre todos entre quienes no se benefician, y hasta cierto punto es comprensible.

La realidad es que existe el bloqueo que impide la exportación de bienes y servicios, la reducción del turismo internacional a causa de la Covid-19 y la descontratación de nuestros servicios sanitarios en países como Ecuador, Bolivia y Brasil.
Con todos estos contratiempos Cuba ha perdido las mayores entradas de divisas necesarias para importar productos y alimentos, medicamentos e insumos que requiere para revitalizar varias esferas.

La apertura de estas tiendas viene a ser una de las medidas para paliar la situación el momento, y poder luego con esta divisa recaudada invertir en la industria nacional y las importaciones para el abastecimiento a breve plazo del resto de la red comercial.  

Sin embargo, esta no puede aprovecharse para convertirlas en un nuevo modo de propiciar la ilegalidad y la reventa de productos. Si está limitado el acceso a las personas que reciben remesas familiares pues deben tomarse medidas de igual manera para evitar el acaparamiento y la reventa posterior a elevados precios y que la cola del pollo o detergente no sea la principal preocupación del cubano honrado.

La principal preocupación debe ser trabajar en aras de superar las dificultades económicas, potenciar la ciencia, la educación y la cultura. Para lograrlo las autoridades, los gobiernos locales y las entidades estatales tienen la responsabilidad mayor y el compromiso de producir, velar y controlar el cumplimiento de los planes, buscar estrategias, fomentar oportunidades. Al pueblo le toca su parte también, apoyar el empeño, gestar la disciplina social, la autoconciencia ciudadana, y actuar desde su pedacito para construir un país mejor.